La población indígena de Argentina ha sufrido históricamente el despojo de sus territorios ancestrales y el deterioro de sus condiciones de vida, lo que ha provocado una creciente pérdida de su autonomía y una frágil situación económica comunitaria, ya que el 90% de sus ingresos depende de programas estatales y se ven confinados a terrenos improductivos o carentes de monte nativo. En particular, en la provincia de Misiones, de las 118 comunidades Mbya-guaraní en 2018, sólo 27 contaban con título de propiedad comunitaria indígena.

Estudios del Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) del municipio de Ruiz de Montoya (RDM) de 2017 revelan que las comunidades indígenas de esa localidad presentaban un 11% de desnutrición aguda y un 62% de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años. Esta situación se ve agravada por la deficiente atención estatal en cuanto a la provisión de servicios básicos de infraestructura y sanitarios, ya que la mayoría no cuenta con un manejo adecuado de excretas ni residuos en general, no hay acceso suficiente al agua segura, algunas carecen de electricidad y en otras los tendidos eléctricos son precarios y peligrosos. El carácter intercultural y bilingüe de la oferta educativa y de las estrategias de promoción de salud es deficiente, así como también el abordaje de políticas que promuevan la equidad de género. El traspaso intergeneracional de saberes tradicionales a la niñez y adolescencia está debilitado.

En los últimos años el Estado ha implementado programas de salud (desde la Dirección Provincial de Salud Indígena), transferencia de recursos (Plan Hambre Cero, Asignación Universal por Hijo, Asignación por embarazo, entre otros) y algunas mejoras de infraestructura y acceso al agua. Sin embargo, se trata de intervenciones no siempre articuladas entre sí y sin una mirada multidimensional y culturalmente adecuada, lo que ha generado fuertes limitaciones en sus implementaciones y mantenimiento. Asimismo, también se ha perpetuado la debilidad en la capacidad de interlocución propia de las organizaciones y liderazgos indígenas ante las instituciones públicas. Este contexto se ve aún más afectado por la pandemia COVID-19 y sus consecuencias económicas y sociales.

Esta Intervención ha sido aprobada dentro del Instrumento Europeo para los Derechos Humanos y la Democracia, en concreto en una convocatoria de proyectos EuropeAid, donde una de sus prioridades es apoyar a las comunidades de regiones marginadas (en particular los pueblos indígenas) en su lucha contra desafíos económicos, sociales, legales y ambientales, y que han visto su situación agravada por la epidemia COVID-19, con sus respectivas consecuencias a nivel económico y social.

La presente Intervención fue seleccionada en dicha convocatoria y es implementada mediante un contrato de subvención con el consorcio conformado por Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung EV (Brot für die Welt/Pan para el Mundo - PPM) como socio líder y Fundación Protestante de Diaconía Hora de Obrar para el Desarrollo Social y Ambiental (HDO) como socio implementador. El ámbito de Intervención es la localidad de Ruiz de Montoya y cercanías pertenecientes a la provincia de Misiones.