Venezuela está atravesando una emergencia humanitaria con millones de personas sin acceso a servicios adecuados de agua, salud y nutrición. El éxodo de cerca de 7,1 millones de venezolanos representa una de las mayores crisis migratorias del mundo. Aunque la economía venezolana muestra signos positivos de recuperación, los niveles de producción son muy bajos y la inflación sigue siendo alta. Un reto crucial es la consolidación de la diversificación productiva y el desarrollo de las cadenas de valor, junto con la recuperación y ampliación de la infraestructura de sistemas de servicios básicos.

La OCHA (Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios) destaca la insuficiencia de los servicios esenciales de agua, saneamiento e higiene (ASH) en comunidades y centros de servicios, lo que evidencia una incapacidad para satisfacer la demanda de servicios y una escasez de insumos de higiene y limpieza necesarios para prevenir y controlar las enfermedades hídricas.

La infraestructura de distribución de agua ha sufrido un deterioro prolongado debido a la falta de mantenimiento y a los apagones frecuentes desde 2019, y solo el 7% de las aguas residuales fueron tratadas en 2017.

En un contexto de una crisis humanitaria compleja, donde el 97% de la población vive en pobreza, el Estado Zulia es una zona prioritaria debido a su alta vulnerabilidad en sectores como Agua Saneamiento e Higiene, Seguridad Alimentaria y Protección. La población venezolana, incluyendo las comunidades indígenas Wayuu presentes en las comunidades meta de la Intervención, ha perdido la cultura de protección y preservación del agua, lo que ha impactado la gobernanza del recurso. Las enfermedades derivadas del consumo de agua no segura son comunes, y el 96% de los niños menores de 1 año sufren de diarreas.

Además, la crisis ha exacerbado las desigualdades de género, con mujeres y niñas adolescentes enfrentando mayor explotación y asumiendo roles de cuidado no remunerado. Las oportunidades laborales para las mujeres están limitadas a trabajos informales y precarizados, lo que aumenta su vulnerabilidad. La falta de acceso a empleo formal es mayor en las parroquias más alejadas del centro de la ciudad y de los principales nodos industriales. Además, el estado de Zulia tiene la segunda mayor proporción de abusos sexuales en el país, con un 48% de los casos involucrando a niños entre 6 y 11 años. Las niñas, adolescentes y mujeres indígenas de Zulia son particularmente vulnerables a la explotación sexual y la trata de personas.

La Intervención busca contribuir a mejorar las condiciones de vida y la resiliencia de la población venezolana, enfocándose en mejorar la participación democrática, el acceso a los servicios esenciales, la inclusión social, educativa y productiva.