Los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela enfrentan graves problemas de cara a la realización de los Derechos Humanos (DDHH). Durante el 40º período de sesiones del Examen Periódico Universal (EPU) de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (25/1/22) se manifestó una gran preocupación por las violaciones sistemáticas de los DDHH en el país.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha documentado situaciones tales como detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad, violencia de género y discriminación, a través de sus informes y actualizaciones orales al Consejo de Derechos Humanos (CDH) sobre la situación de los DDHH en Venezuela desde septiembre de 2019. La OACNUDH también ha identificado problemas sistémicos que impiden la plena realización de las libertades fundamentales y menoscaban la libre participación en la vida pública. Estos problemas favorecen la acción represiva dirigida contra la oposición política, los defensores de los derechos humanos, sindicalistas, estudiantes y activistas en general, en un contexto más amplio de reducción del espacio democrático y restricciones al trabajo de los medios de comunicación independientes y a la libertad de asociación.

Además, la información sobre el estado de derecho en otros ámbitos no es fácilmente accesible, como es el caso de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) que afectan de manera especial a los pueblos indígenas y sus dimensiones de género. La falta de independencia del sistema de justicia, incluida la defensoría pública, también es notoria y resulta en una falta efectiva de acceso a la justicia por parte de la mayoría de las víctimas de violaciones. Pocas denuncias se presentan por temor a represalias y falta de confianza en el sistema. También se ha constatado un uso excesivo de la prisión preventiva vinculado a retrasos judiciales. Entre las víctimas se cuentan muchas mujeres por estar en la vanguardia de la lucha por el esclarecimiento de las situaciones de abuso y las reparaciones.

En respuesta a una invitación del presidente Nicolás Maduro, en junio de 2019 tuvo lugar la primera misión oficial del ACNUDH a Venezuela. Esto resultó en la firma de una Carta de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el ACNUDH el 20 de septiembre de 2019 (posteriormente renovada por periodos de 1 o 2 años) estableciendo un marco para la cooperación y la presencia de oficiales de DDHH de la ONU en el país.

La Unión Europea (UE) ha expresado públicamente su preocupación por la situación política, económica y social en Venezuela, así como por el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos y el debilitamiento de la democracia en el país. En 2021, la UE actuó como observador imparcial e independiente del proceso electoral como una forma de apoyar los esfuerzos hacia una solución negociada, pacífica y liderada por el propio país a la crisis política e institucional. La UE también ha apoyado a grupos de la sociedad civil y socios internacionales para crear espacios de diálogo, supervisar los DDHH y rehabilitar los servicios básicos.

El apoyo de la UE a este proceso también ha incluido un acuerdo de subvención con la OACNUDH para establecer un mecanismo de protección para las víctimas de violaciones de los DDHH. La Fase I de este acuerdo se implementó entre enero de 2020 y julio de 2021; la Fase II entre agosto de 2021 y 31 de julio de 2022 y actualmente está en proceso de ejecución la Fase III bajo el título: “Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en el contexto de las restricciones del espacio cívico y democrático en Venezuela”. El periodo de implementación se inició el 9/8/2022 con previsión de concluir el 8/8/2025. La Intervención es financiada por el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional y cuenta con un presupuesto de EUR 3M.