La tortura y los malos tratos son fenómenos frecuentes en El Salvador (ES) y Honduras (HN), manifestándose en la detención, el traslado, la privación de libertad en los centros penales y bartolinas, y en la reinserción social de personas privadas de libertad (PPL). En El Salvador, la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) registró en 2017-2018, 257 denuncias de malos tratos y 36 de uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio de la Defensa y los Centros Penales. El Servicio Social Pasionista (SSP) identificó en 2017 los principales malos tratos a cargo de policías como patadas, golpes en el rostro y disparos próximos al cuerpo. Según la Fiscalía General de la República, en esos años se imputaron 196 policías por delitos de lesiones y 17 por tortura, aunque se asume un subregistro debido al temor de la población a denunciar por represalias y la falta de confianza en el sistema de justicia. Los instrumentos de control interno y la legislación nacional e internacional que determinan la tortura como delito no son respetados, y mecanismos de derecho internacional como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura no han sido ratificados por el Estado. En El Salvador, hay documentadas 38,627 personas privadas de libertad, y según el World Prison Population List, tiene la segunda mayor tasa de encarcelamientos en el mundo. A las mujeres privadas de libertad (MPL) se les prohibió recibir productos básicos de higiene personal en los centros penales, situación que se incrementó con la pandemia.

Honduras ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y ha adoptado mecanismos internacionales de supervisión de derechos humanos (DDHH). En 2018, por iniciativa de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Honduras recibió informes sobre la existencia de la tortura a grupos vulnerables. En 2019, se declaró el estado de emergencia en el sistema penitenciario debido a episodios de violencia, sustituyendo al Instituto Nacional de Penitenciario (IP) por las Fuerzas Armadas, lo que según el Relator Especial de Naciones Unidas, expuso a la población a nuevas violaciones de DDHH. Familiares de víctimas denunciaron que el Estado les niega información sobre la situación en las cárceles, mientras que el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV) declara al gobierno como responsable de la crisis del sistema penitenciario.

En Honduras, en 2019, la Mesa de DDHH registró 46 asesinatos bajo custodia del Estado. La Plataforma de organizaciones de la sociedad civil (OSC) de familiares de PPL denunció el asesinato de 6 internas y exigió medidas de protección para salvaguardar la vida de MPL. Más de la mitad de delitos contra personas LGBTIQ+ son cometidos por agentes de seguridad. El Centro para el Desarrollo y Cooperación LGTBI (SOMOS CDC) en un estudio de 2020 con 434 personas, determinó que un 34% habían sido víctimas de violaciones de DDHH durante la pandemia, 34% por militares, 23% por policía preventiva y 17% por policías municipales.

La Intervención “Impulsando la gobernanza desde la sociedad civil para la prevención, restitución de derechos y prohibición de la tortura y malos tratos hacia las mujeres, juventudes y población LGTBIQ+ en El Salvador y Honduras” se financia por el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) con un presupuesto de 1.750.000 EUR (1.500.000 EUR de la UE y 250.000 EUR de otras fuentes) entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2024. El solicitante principal es Oikos – Cooperação e Desenvolvimento. Los cosolicitantes de ES son SSP y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, y los cosolicitantes de HN son el Centro de Estudios de la Mujer – Honduras (CEM-H) y SOMOS Centro para el Desarrollo y la Cooperación (CDC).