Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la transición hacia una economía verde implica grandes cambios no solo en la forma de producir y comercializar bienes y servicios sino también en el mundo del trabajo, con nuevas demandas de calificaciones, empleos que se crean y otros que desaparecen, y una redefinición general de la manera en la que se trabaja. Por lo tanto, una transición justa hacia economías más verdes puede moderar los efectos económicos y sociales adversos de la crisis mundial generada por la pandemia y, al mismo tiempo, crear empleos, abordar la desigualdad e impulsar un crecimiento inclusivo. En ese marco, los empleos verdes tienen la capacidad de transformar las economías, lugares de trabajo, empresas y mercados laborales, pues son, por un lado, trabajo productivo que genera un salario justo, seguridad y protección social para el trabajador y su familia y, por otro, mejoran la eficiencia energética y de las materias primas, limitan las emisiones de gases de efecto invernadero, minimizan los residuos y la contaminación, protegen y restauran ecosistemas y permiten la adaptación al cambio climático.

Argentina ha asumido compromisos ambientales y sociales internacionales como el Acuerdo de París para el Cambio Climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En el marco de estos acuerdos, existe la Iniciativa Acción Climática por el Empleo presentada en la Cumbre de Acción Climática de la ONU (2019) que comprende la formulación de planes nacionales para una transición justa a través del diálogo social, la creación de trabajo decente y empleos verdes, y la realización de programas de formación, desarrollo empresarial y protección social innovadores que contribuyan a construir un futuro sostenible del trabajo. A la vez, el país consolidó su política ambiental con la sanción de la Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y la creación del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC) en 2019.

En Argentina, la transición hacia una economía verde e inclusiva es un paso crucial para reducir la vulnerabilidad. La crisis de la pandemia COVID-19 profundizó los problemas socioeconómicos y laborales estructurales en la Argentina (informalidad, trabajo independiente de baja calificación, disparidades de género y edad, entre otros). En este sentido, el empleo verde podría significar una posible vía de recuperación. Para ello, las políticas sectoriales y de inversión en tecnologías deberían orientarse a la reconversión de procesos productivos y productos ambientalmente sostenibles, a la vez que fomentar la creación de capacidades y formación específica e incentivar la formalización del empleo ambiental existente. En el marco de una transición justa, será fundamental priorizar las poblaciones más vulnerables y focalizar en los requerimientos para su calificación, recapacitación y, por supuesto, su formalización.

De acuerdo con la estimación del empleo verde sectorial realizada para el período 2017-2020 por la OIT, se verifica una tendencia a la baja desde 2018, cuando se registró el pico máximo con 946 mil puestos de trabajo verdes, concentrándose en industrias manufactureras (26,7 por ciento) y transporte y almacenamiento (22,5 por ciento) en la provincia de Buenos Aires (47 por ciento), Ciudad de Buenos Aires (19 por ciento) y Santa Fe (11 por ciento).

Esta intervención está financiada bajo el Instrumento de Cooperación al Desarrollo, en el marco del Programa Temático Organizaciones de la Sociedad Civil en Argentina. Su presupuesto es de 796.471 EUR, con un aporte de la Unión Europea de 690.620 EUR, siendo el socio ejecutor la Asociación Civil Red de Acción Climática (RAMCC) junto con la Cámara de Comercio Italiana en Rosario, la Asociación Civil Instituto de Intervenciones Situadas y la Universidad de Wageningen.