En Bolivia (BO), los datos oficiales de la dirección penitenciaria han señalado históricamente un uso excesivo de la detención preventiva, lo que ha llevado a un hacinamiento carcelario del 330%. El aumento de la población carcelaria adolescente también ha generado una situación de hacinamiento similar en el sector juvenil. Las visitas no planificadas del Servicio de Prevención y Erradicación de la Tortura en centros penitenciarios han revelado graves irregularidades, como el uso de celdas de castigo, corrupción, violencia física y psicológica, falta de separación entre población preventiva y sentenciada, condiciones insalubres, servicios básicos limitados, acceso deficiente a la salud y la presencia de personas con enfermedades mentales. Además, se han registrado numerosos casos de muertes y posibles torturas relacionadas con la violencia intracarcelaria. Estas violaciones ocurren en diferentes instituciones policiales y de seguridad sin un marco normativo o reglamentos establecidos.

En Honduras (HN), 2019 se destacó como uno de los años más violentos con un incremento de muertes violentas en penitenciarios del 950% respecto al 2018 y 38 asesinatos, de los cuales 16 ocurrieron en centros para adolescentes. Entre las denuncias de tortura y malos tratos en Centros de Privación de Libertad (CPL) se incluyen: el uso indiscriminado de traslados al régimen de máxima seguridad; violencia física y verbal contra las PPL por responsables de custodia; uso excesivo de la fuerza en detenciones, desalojos o manifestaciones; uso de gases en los CPL para realizar requisas; muerte de personas bajo custodia del Estado; trato denigrante a familiares; uso de instalaciones militares y policiales como centros de detención; aislamiento prolongado de adolescentes en conflicto con la ley y el uso de medios disuasivos que amenazan su integridad física y psíquica. El hacinamiento alcanza entre el 250% y 300%. Los operadores de los centros y de justicia no cuentan con formación adecuada en derechos y reintegración.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) enfrentan fragmentación y falta de conocimientos técnicos sobre derechos humanos. Los operadores de las OSC, los operadores médico-sanitarios y forenses, los operadores socioeducativos, los operadores de justicia y los operadores policiales necesitan fortalecer su rol y recibir formación sobre normativas y protocolos internacionales, enfoque de derechos, enfoque restaurativo y atención especializada. Las personas privadas de libertad y las víctimas de tortura y maltratos requieren atención especializada y conocimiento sobre sus derechos y acceso a la justicia.

La intervención regional, implementada por ProgettoMondo Mlal (PMM), es financiada por una subvención en el marco de la Convocatoria de Propuestas Global IEDDH 2019, Lote 2 – Lucha contra la tortura y otros malos tratos. Cuenta con socios principales en ambos países, como el Centro de Desarrollo Humano (CDH), la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y la ONG italiana Dokita en Honduras, y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de la Defensoría del Pueblo (DP) en BO y en HN (aunque el Comité Nacional contra la Tortura CONAPREV juega un papel de asociado y no es socio formal de la acción), y el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de Tortura y Violencia de Estado (ITEI) en BO. La intervención tiene una duración de 30 meses y un monto de 1,6 M EUR (95% UE). Está en curso la aprobación de una prórroga no onerosa de 6 meses.