El contexto nacional en Argentina se encuentra marcado por una crisis económica persistente, exacerbada por la pandemia de COVID-19. Este escenario ha tenido un impacto considerable en los grupos sociales más vulnerables, como las y los trabajadores informales y las víctimas de la delincuencia organizada. Estas condiciones adversas también afectan a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), llevándolas a adaptar estrategias innovadoras para enfrentar la reducción de recursos financieros y a replantear sus objetivos y planes de trabajo. La disminución de recursos públicos y privados ha generado una mayor competencia para la obtención de financiamiento, lo que implica un esfuerzo adicional en la dedicación de tiempo y recursos humanos para garantizar la continuidad de sus actividades. En consecuencia, algunas OSC pueden verse limitadas en su capacidad para participar de manera efectiva en espacios de incidencia y en la implementación de sus proyectos de cambio social. Las OSC en Argentina juegan un papel crucial en el fortalecimiento de la democracia participativa y en la formulación de políticas públicas.

Argentina también ha sido afectada por el crecimiento y la adaptación de la delincuencia organizada. Estas redes criminales, que operan con prácticas corruptas, han encontrado oportunidades en el contexto de la crisis económica y utilizan mecanismos empresariales para maximizar sus ganancias y expandir sus actividades delictivas. Su accionar se extiende a diversos ámbitos criminales, como trata de personas, narcotráfico, explotación laboral y sexual, lavado de dinero y corrupción de funcionarios públicos. Esta evolución de la delincuencia organizada ha planteado un desafío significativo para el Estado y la sociedad civil en la lucha contra estos delitos.

Argentina ha ratificado diversas convenciones internacionales para combatir la delincuencia organizada y otros delitos graves. Estos tratados instan a los países miembros a llevar a cabo procedimientos de incautación y decomiso de bienes vinculados a actividades criminales. Aunque el país ha dado pasos importantes en este sentido, el proceso de reutilización social de bienes incautados y decomisados enfrenta desafíos en términos de coordinación y coherencia en las regulaciones emitidas por los distintos poderes del Estado. Esto demanda una mayor sinergia y colaboración entre las instituciones involucradas.

Las dificultades de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) argentinas identificadas en la fase de diseño a las cuales la intervención pretende dar una respuesta son: escasa sostenibilidad organizativa y financiera, alta rotación del personal, pérdida de capacidades técnicas, retrocesos en las acciones de incidencia, límites al diálogo multilateral y falta de coordinación y colaboración conjunta de las OSC en la elaboración de proyectos de normas administrativas o de ley.

La intervención “Bien Restituido – para el desmantelamiento patrimonial del crimen organizado y el fortalecimiento de la sociedad civil” es implementada por la ONG italiana LIBERA – associazioni, nomi e numeri, contro le mafie, en consorcio con tres ONG cosolicitantes: la asociación ítalo-argentina “Circolo Giuridico di Argentina”, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), y Fundación Multipolar – conectando polos para la equidad social. Es financiada por una subvención en el marco del Programa Indicativo Plurianual para el Programa Temático “Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales” para el período 2014-2020, bajo el Instrumento de Cooperación para el Desarrollo. La intervención tiene una duración de 48 meses y cuenta con un monto total de 730.000 EUR (90% UE).