Venezuela, nación rica en recursos, ha experimentado una crisis socioeconómica profunda desde 2014, manifestada en hiperinflación, carestía de productos esenciales y una emigración masiva. Según el informe del Instituto de Investigaciones Económicas y Científicas de abril de 2023, la tasa de pobreza llegó al 81,4% en 2022, y la desigualdad es evidente con un índice de Gini de 0,603. Adicionalmente, la gobernabilidad del país se ha deteriorado significativamente en comparación con otras naciones latinoamericanas. Grupos armados irregulares empeoran la situación de orden público en la frontera. Las vulnerabilidades se agravan para grupos específicos, como las mujeres y las personas con discapacidad. La Organización de las Naciones Unidas subraya que 5,2 millones de venezolanos necesitan asistencia urgente en salud y alimentación, lo que agrava la crisis humanitaria existente. En este panorama, se restringen las oportunidades de desarrollo y la participación de la ciudadanía, acentuando la necesidad de intervenciones que fomenten el diálogo y el encuentro entre la comunidad y las autoridades.

El socio implementador Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos (CISP) lleva años implementando acciones humanitarias en el Estado de Táchira, lo que le ha permitido recoger información en más de 21 de los 29 municipios de este Estado de la República de Venezuela. Esta información indica que más del 50% de las personas solo realizan actividades económicas ocasionales o temporales, mientras el 20% no realiza ninguna actividad económica. Esto afecta la calidad de la alimentación, y solo el 20 % consume verduras y el 5% proteína. Además, el 68 % tiene afectación emocional, el 90% no ha recibido orientación o atención psicosocial, el 42% manifiesta afectación por violencia basada en género. El 80% de las familias indica que alguno de sus hijos/as ha dejado de asistir a la escuela por la crisis económica y no cuentan con dispositivos para conectarse a internet. Además, el agua que consumen no tiene ningún tratamiento, y solo el 20% indica que cuenta con elementos para un adecuado lavado de manos. Tampoco existen planes de gestión integral de residuos, por lo que hay momentos sin recolección, se presentan botaderos a cielo abierto y quema de basuras, con la consiguiente contaminación de ríos y espacios verdes, lo que ocasiona problemas de salud. Sumado a lo anterior, el Estado de Táchira es uno de los principales corredores de migración y movilidad de las personas que buscan salir de Venezuela. En este contexto, las comunidades no han logrado definir las prioridades de desarrollo de su territorio, ni se han creado espacios de diálogo con las autoridades locales para garantizar el nexo entre la ayuda humanitaria y el desarrollo de local, para lograr la mejora sostenible de las condiciones y calidad de vida de las comunidades.

Ante esta situación, CISP, con la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) y el Rotary San Cristóbal Metropolitano, implementa la intervención titulada "Acuerdos Territoriales para el desarrollo participativo" en respuesta a la convocatoria de propuestas del programa "Apoyo a rehabilitación de servicios básicos y creación de medios de vida en Venezuela". Esta Intervención busca contribuir a mejorar las condiciones de vida y la resiliencia de la población venezolana en el Estado de Táchira, y se enfoca en mejorar la participación democrática, el acceso a los servicios esenciales, la inclusión social, educativa y productiva en las comunidades de Ayacucho, Córdoba y Torbes.